Difunden la lista completa de  los espiados por la AFI de Macri

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó el vier­nes a la ex vicepresi­denta Gabriela Michetti y al ex jefe de Gabine­te, Marcos Peña, entre otros, por la supuesta contratación irregular de empresas publicita­rias ligadas a Cambie­mos durante el gobier­no de Mauricio Macri y por presuntas irregula­ridades en el manejo de la publicidad oficial.

Di Lello sostuvo que los hechos denuncia­dos demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de la firma de un decreto por parte de Michetti, se desligó a Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la Jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a Cambiemos para que produjeran material publicitario. 

Los hechos denun­ciados “demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios na­cionales para favorecer a las empresas men­cionadas, mediante la utilización de la figura del ‘legítimo abono’ en contrataciones de forma habitual, elu­diendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales como era la realización de campa­ñas publicitarias oficia­les”. 

La denuncia, a la que ahora Di Lello le dio impulso, había sido presentada la semana pasada por la procura­duría especializada en investigar hechos de corrupción, la PIA, que solicitó que “se investi­guen distintas contra­taciones que llevó ade­lante la Jefatura de Ga­binete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudica­das sin concurso a Aura Advertising SA, La Co­munidad SA, Circus BA SA y Power República”. La presentación judicial había caído por sorteo en manos del juez Mar­tínez de Giorgi.s

La citación como testigos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el jefe de Gobier­no porteño, Horacio Rodrí­guez Larreta, en la causa por presunto espionaje ilegal es sólo la punta del iceberg, dado que el listado de las personas presuntamente espiadas es extenso y se re­velarían más nombres en los próximos días.

Se trata de la causa judi­cial más importante de los últimos tiempos no sólo por el modus operandi de una Agencia Federal de Inteli­gencia (AFI) dedicaba al es­pionaje de propios y ajenos, sino también por los nom­bres de estos últimos.

De acuerdo a las pruebas que se van recopilando en el Juzgado Federal 1 de Lo­mas de Zamora, a cargo de Federico Villena, la AFI de la presidencia de Mauricio Macri, dirigida por su ami­go Gustavo Arribas, espiaba desde políticos propios y ajenos, en términos de iden­tificación partidaria, hasta sacerdotes, sindicalistas, deportistas, jueces y repre­sentantes de los pueblos originarios.

Según indicaron fuentes judiciales a NA, la causa “in­vestiga a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o de­pendientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, ha­brían llevado a cabo distin­tas maniobras ilícitas de ca­rácter indeterminado y rea­lizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diver­sas jurisdicciones”.

La red de espionaje ilegal que se investiga tiene como disparador una confesión narco, la de Sergio “Verdura” Rodríguez. Es que desde el inicio esta pesquisa a cargo del juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona se perfilaba como un “policial más”, tal como aseguraron los investigadores del caso. 

El listado al cual accedió NA incluye espiados lamen­tablemente “previsibles” y otros sorpresivos, aunque es difícil trazar una diviso­ria de ese tipo en la lógica de poder que se habría llevado adelante en la presidencia de Mauricio Macri. Estos son los nombres, por orden alfabético:

-Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Na­ción.

-José Luis Barrionue­vo, secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gas­tronómicos de la República Argentina (Uthgra).

-Pablo Oscar Bruera, ex intendente de La Plata. 

-Graciela Camaño, dipu­tada nacional y consejera de la Magistratura.

-Maurice Fabián Closs, senador nacio­nal por Misiones. 

-José María Di Pao­la, el “Padre Pepe”, sacerdote del Clero Diocesano de la Ar­quidiócesis de Buenos Aires y de mucha llegada al Papa Francisco.

-Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. 

-Jorge Ferraresi, intenden­te de Avellaneda.

-Martín Insaurralde, in­tendente de Lomas de Za­mora. 

-Martín Irúrzun, presi­dente de la Cámara de Ape­laciones en lo Criminal y Correccional Federal.

-Jorge Rubén Lugones, monseñor y obispo diocesa­no de Lomas de Zamora.

-Nicolás María Massot, ex diputado nacional por Cam­biemos.

-Emilio Monzó, ex presi­dente de la Cámara de Dipu­tados de la Nación.

-Hugo Antonio Moyano, secretario general de la Fe­deración Nacional de Traba­jadores Camioneros.

-Salvatore Pica, integrante de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.

-Horacio Antonio Rodrí­guez Larreta, jefe de Gobier­no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Diego César Santilli, vi­cejefe de Gobierno de la Ciu­dad Autónoma de Buenos Aires. 

-Marcelo Veneranda, pe­riodista del diario La Nación. 

-María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

-Waldo Ezequiel Wolff, diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Todos ellos “serán cita­dos en distintos momentos a declarar”, según comen­tan en el Juzgado Federal a cargo de Federico Villena. Para garantizar los derechos reconocidos en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Deli­tos, incorporados a los artí­culos 79, 80 y 81 del Código Procesal Penal de la Nación, se les acuerda el derecho de constituirse como parte querellante.s